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Magrudis también será investigado por posible delito de alzamiento de bienes, según Facua

Rubén Sánchez

CONSUMO.-Alrededor de 90 afectados han solicitado a FACUA que los represente en la causa penal contra los responsables de haber puesto en el mercado productos contaminados con Listeria desde al menos diciembre de 2018.

La querella presentada por FACUA el 23 de agosto y la denuncia de la Fiscalía dieron lugar a la apertura del caso Magrudis en el Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla.

En un comunicado FACUA informa que «ahora, un nuevo auto dictado por la magistrada Pilar Ordóñez une la insolvencia punible a la lista de delitos objeto de investigación en la causa por la que permanecen en prisión provisional sin fianza el considerado «administrador de hecho» de la trama, José Antonio Marín Ponce, y su hijo mayor, Sandro José Marín Rodríguez, propietario y administrador único de Magrudis SLU. El hijo pequeño, Mario, que figura como propietario y administrador único de Elaborados Cárnicos Mario SLU, quedó en libertad provisional con cargos».

En el auto, con fecha de 7 de octubre, la jueza indica que además de las dos sociedades citadas, «existen antecedentes mercantiles, de los que se deduce que José Antonio Marín Ponce ha tenido 5 empresas registradas y 4 de ellas han quedado sin actividad debido a créditos incobrables». Se trata de Marín y Maldonado SL, Sanmasur SL, Sierra Encina SL, Estirpe de Jabugo SL y Embutidos El Patio SL, siendo las cuatro últimas las que paralizaron su actividad tras acumular deudas.

Además, la magistrada pone de manifiesto, según FACUA, «que una de las cinco personas que fueron detenidas el pasado 24 de septiembre está vinculada a dos sociedades, Interweb Imagen SC y Rodríguez & Dorado Alimentación SL. También señala el auto que el 23 de agosto se tuvo conocimiento de la existencia de que la empresa Comercial Martínez León SL comercializaba productos procedentes de la trama investigada, «información que fue ocultada por los responsables de Magrudis».

«Se deduce que con la creación de todas las entidades antes indicadas, se han obtenido grandes beneficios económicos, habiéndose creado una ingeniería mercantil dirigida de forma absoluta a prever los posibles problemas que puedan sobrevenir en el funcionamiento empresarial, tanto a nivel económico como sanitario, para lo cual ha utilizado a diferentes personas en su entorno», expone el auto.

Nueve personas y diez empresas

La jueza ha acordado encomendar a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos del Ministerio de Justicia que realice «el estudio de las actividades económicas, tanto en España como en el extranjero, por parte de los investigados y de personas vinculadas por lazos familiares, que pudieran estar realizando labores de testaferro».

La citada Oficina se encargará de la localización de los bienes, efectos, instrumentos y ganancias que pudieran provenir de los hechos investigados en relación a nueve personas y diez empresas, tras lo que facilitará los datos que obtenga a los miembros de la Unidad Central Operativa Medioambiental (Ucoma) de la Guardia Civil que llevan a cabo la investigación.

FACUA averiguó la semana pasada que «un hermano de José Antonio Marín Ponce, Pedro, figura como administrador único de una empresa cárnica sin registro sanitario, Bellota Finca Santa Marta SL. Por ello, solicitará a la titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla que incluya también en la investigación a la citada sociedad y a Pedro Marín Ponce, máxime teniendo en cuenta que la Guardia Civil concluyó que este hermano participa en el entramado Magrudis».

«De la investigación llevada a cabo hasta el momento se deduce», señala el auto, «que podríamos encontrarnos ante una trama organizada, que ha creado distintas entidades mercantiles, todas con objeto social similar, así como los mecanismos necesarios para eludir el pago de las deudas y obtener cuantiosos beneficios económicos».

La jueza continúa indicando que «incluso la última entidad, Magrudis SL, colocó en la cadena comercial de alimentos para personas, carne procesada con presencia de Listeria monocytogenes, lo que ha provocado muertes, abortos y lesiones, por lo que se hace necesario averiguar los activos, bienes, instrumentos, ganancias o efectos provenientes de las actividades ilícitas investigadas, que podrían ser constitutivas de un delito contra la salud pública, homicidio por imprudencia, lesiones al feto con resultado de muerte e insolvencia punible».

 

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